El pasado 23 de junio nuestro país se conmocionó tras la muerte de un niño de 12 años al quedar sujetado al cinturón de seguridad del vehículo en el que viajaba junto a su padre y tía, luego de una encerrona en la comuna de San Bernardo. Venían de regreso desde Argentina, donde habían celebrado el día del padre. Mientras los delincuentes arrancaron en el automóvil, el menor fue arrastrado por varios kilómetros hasta que perdió la vida. Una historia de miles que vuelven a recordarnos que la violencia en Chile parece no reconocer límites.

Hay delitos que antes provocaban indignación porque rompían un límite moral. Hoy, sigue provocando la misma indignación, pero al parecer ese límite moral fue eliminado y sobrepasado. Sería ingenuo afirmar que antes no existían robos o violencia, porque habían. Sin embargo,  desde una mirada colectiva existían al menos códigos no escritos: no dañar a un niño, no atacar a un adulto mayor, no convertir un robo en una sentencia de muerte. 

Cada tragedia vuelve a abrir el debate: ¿cómo enfrentamos el crimen?, ¿qué medidas hacen falta?… No obstante, cuando la atención pública se desvanece, muchas de esas discusiones quedan relegadas y las víctimas son olvidadas con el pasar de los titulares. La prevención sigue siendo la gran deuda que tiene el Estado con la ciudadanía. 

El actual gobierno llegó al poder con la seguridad como una de sus principales promesas de campaña. La llamada “megareforma” fue presentada como uno de los pilares para recuperar el control frente al crimen organizado y la delincuencia. Entre sus medidas, la iniciativa fortalece el rol de los municipios y les entrega nuevas atribuciones para colaborar en la prevención del delito. Una idea que suena razonable sobre el papel, pero poco viable en la práctica. 

No todos los municipios cuentan con los mismos recursos, porque mientras algunas comunas pueden financiar patrullaje, cámaras de vigilancia, drones y equipos especializados, especialmente en el sector oriente de la capital, otras apenas logran cubrir sus servicios básicos, sin contar que estas mismas atraviesan una realidad social mucho más compleja. Entregar más responsabilidad sin asegurar el mismo nivel de financiamiento puede terminar profundizando la desigualdad que ya existe, y la seguridad corre riesgo cuando depende de un presupuesto y no del derecho que tienen todas las personas a vivir sin miedo. 

Porque el problema no son las atribuciones, sino quien tiene las herramientas para hacerlas efectivas. Si una reforma no considera esa diferencia desde el inicio, difícilmente podrá acabar desde raíz con los problemas de violencia a los que se expone el ciudadano. 

Quizás la única tragedia no sea únicamente la muerte de un niño. También es que, una vez más llega tarde el Estado y un gobierno de turno no ofrece soluciones reales en la práctica.